Las nuevas tecnologías son claves para sumar competitividad a nuestras empresas pero les plantean grandes desafíos en términos de autonomía. La especialista en economía digital de la UNTREF analiza los claroscuros de la llamada cuarta revolución industrial.
La investigadora de la Universidad especializada en economía digital, Sofía Scasserra, asegura que lo que distingue a la revolución industrial en curso es la rapidez con la que se crean y se adoptan nuevas herramientas tecnológicas y una suerte de dependencia externa que plantean no pocos retos a nuestras pequeñas y medianas empresas.
“A diferencia de hace 50 años, lo que vemos hoy es la velocidad descomunal con la que surgen y se incorporan nuevas tecnologías. Esto hace que muchas empresas no se puedan adaptar, que no lleguen a tener la última tecnología en boga porque invirtieron en un paquete tecnológico que a los seis meses o al año les queda obsoleto”, explica.
Sin embargo, para ella lo que también marca nuestro escenario productivo es que esas tecnologías son mayormente diseñadas por compañías de afuera que imponen sus propias reglas.
“Cuando uno confía un sistema de gestión, en general lo hace a una empresa como SAP, GUN o Amazon, firmas que tienen locación en otras latitudes y que muchas veces pueden cambiar sus políticas de servicios en forma arbitraria, como recientemente ocurrió con los paquetes educativos de Google. Uno pierde soberanía sobre la gestión tecnológica que tiene dentro de la empresa. Lo que vemos es que en la actualización tecnológica de nuestras PyMES hay un sesgo colonial”, sentencia quien también dirige la Diplomatura Superior en Inteligencia Artificial y Sociedad de la UNTREF.
Sin duda estos cambios tecnológicos han dinamizado y hasta salvado, en el contexto de la pandemia, a algunos sectores de la economía como el comercio, pero Scasserra no deja de fundamentar las limitaciones que acompañan esa transición. “El sector comercio ha migrado de forma masiva al e-commerce con todo lo que eso conlleva. Ahí también hay una historia de dependencia respecto del comerciante que tenía su comercio y manejaba sus finanzas y su logística. Hoy entrega todo a una plataforma digital, con sus pros y sus contras. Por un lado le dan al comerciante soluciones digitales donde no tiene que invertir en sistemas de pagos modernos o sistemas de envíos, pero a la vez queda sujeto a los designios de la plataforma que eligió para operar”.
Según Scasserra, estas opciones que brindan las plataformas son muy buenas pero cuando se le da mucho poder a un sector en detrimento de otro comienzan los abusos. “Es importante regular, que haya una forma de elevar protestas, de poder darle voz al comerciante para decirle a la plataforma ‘esto no me gusta’, algo que en la actualidad no existe. Es fundamental un sistema de mediación entre aquellos empresarios del comercio minorista y estas plataformas gigantescas que en definitiva imponen sus reglas sin preguntar demasiado. Tomemos el caso de cuando bonifican el envío por una compra mayor a tantos pesos. En realidad la plataforma no bonifica nada sino que quien lo paga es la propia PyME que está vendiendo del otro lado. ¿La PyME decidió que quería otorgar esa promoción a sus clientes? No, porque no tuvo forma de expresar y de decir lo que realmente le convenía”, sostiene.
Consultada sobre la capacidad de nuestras empresas para desarrollar tecnologías propias, la investigadora reconoce que a nivel regional nuestro país está muy bien posicionado pero el problema es que gran parte de lo que se produce se vende al exterior. “Tenemos muy buenas empresas que producen tecnología de alta calidad, empresas de software de primer nivel. El tema es cuánto de eso queda en el mercado local, cuánto se exporta para después ser reimportado. Ese es otro punto: la vieja historia de vender una materia prima para que regrese enlatada. Es un cuento que ya conocemos, que va debilitando los términos del intercambio regional y que también se replica en el paquete tecnológico”, enfatiza.
En ese sentido recalca que para inclinar la balanza es clave la intervención del Estado. “El sector público tiene la capacidad, a través de su sistema de universidades nacionales, de poder articular con el sector privado para comprender cuáles son las demandas tecnológicas que tienen las PyMES y poder producir tecnologías desde las universidades que sean acordes a las necesidades que se le presentan al sector productivo y a otros actores como las ONG, organizaciones intermedias, sindicatos. Todos necesitan actualizarse tecnológicamente y comprender la gobernanza de los datos como un elemento de soberanía y un elemento estratégico en el manejo de los recursos”, señala.
Profundizando en la cuestión de la autonomía sobre las tecnologías, la investigadora de UNTREF dice que se observa una tendencia que hace que cada vez sea más difícil sostenerla. “Hoy las tecnologías se producen no con un derecho a la propiedad sino con un derecho al uso. Por ejemplo, cuando yo era chica y me gustaba un músico, lo que hacía era ir a la disquería y me compraba el disco para escucharlo las veces que quisiera. Eso era un derecho de propiedad sobre el disco. Hoy ya no tengo derecho a la propiedad sobre la música que escucho, lo que tengo es un derecho de uso siempre que le pague a las plataformas que ofrecen productos musicales”, ejemplifica.
De acuerdo a Scasserra, esta lógica se viene aplicando a diferentes tecnologías. “Imaginemos el día de mañana cuando te compres una heladera y la heladera deje de enfriar si no pagaste un canon. Hoy no se te ocurre que la heladera deje de enfriar, sin embargo si esa heladera se conecta a Internet y tiene un sistema inteligente, el fabricante puede poner esa condición. Esto que parece de ciencia ficción ya ocurre, se da en tractores, en un montón de maquinarias, en nuestros teléfonos celulares, en automóviles. Les empiezan a poner feautures, novedades que solo las podés usar en tanto y en cuanto pagues el abono”, apunta.
Como refiere, cuando una nueva tecnología llega, sea un robot, un desarrollo de inteligencia artificial o un sistema de pagos, es fundamental hacerse una serie de preguntas. “Tenemos que interrogarnos sobre cómo fueron diseñadas y por quién, si tengo la capacidad de modificarlas, de intervenirlas o no en caso de que no se ajusten a mis necesidades o a los valores culturales que tenemos en la República Argentina, si se adaptan o no a los derechos laborales y económicos y a aspectos medioambientales, informativos y de democracia de nuestra sociedad”, recomienda.
Los cambios en el mundo del trabajo y los desafíos de la educación
Otro de los ejes de la charla con Scasserra, que también integra el Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio de la Universidad, fue el de los impactos que estas tecnologías tienen en el ámbito laboral.
“Al repasar la historia del trabajo asalariado, uno ve que al principio el trabajador sabía cómo eran las reglas del juego. Peleó por mejorarlas, por la jornada de 8 horas, las vacaciones pagas, tenía un compañero al lado en la fábrica con quien hacer causa, un capataz a quien reclamarle. Hoy el trabajador ya no sabe bien cuáles son esas reglas, entonces es muy difícil iniciar una lucha sindical cuando no se entiende muy bien qué es lo que está pasando. Y eso se debe básicamente a que estamos cada vez más atravesados por las tecnologías digitales en el mundo del trabajo”, argumenta.
Scasserra sostiene que la creciente digitalización de los entornos laborales hace que muchos adopten posturas extremas que no se condicen con la realidad. “Están quienes dicen que la precarización es la norma y hay otros que sostienen que ahora somos todos autónomos. No es ni una cosa ni la otra, es una falsa dicotomía porque los trabajadores, a través de la intermediación tecnológica, estamos ganando una soberanía del tiempo, pero una soberanía del tiempo que es solo relativa”.
La experta remarca que esa situación aún no se traduce en una nueva conquista de derechos laborales. Un avance en ese sentido es la Ley de Teletrabajo, en la que Scasserra participó activamente, pero que está acotada a los trabajadores que tienen niños a cargo o personas adultas que necesitan cuidados especiales.
“La Ley de Teletrabajo no solo consagra la relativa soberanía del tiempo como derecho laboral al permitirle a estos trabajadores acomodar su jornada, sino que además contempla el derecho a la desconexión digital, que es el derecho a no ser contactado por tu jefe después de determinado horario. Es un buen modelo pero esto debería alcanzar a todos los trabajadores. Si queremos trabajo decente para todos, si ese es nuestro objetivo como sociedad, tenemos que empezar a plantearnos estas nuevas reglas del juego del tiempo. Creo que estas son las transformaciones más grandes en el mundo del trabajo hoy”, puntualiza quien también coopera con organismos internacionales como el Global Digital Compact de Naciones Unidas.
Para ella, siempre la transformación tecnológica trajo pérdida de puestos de trabajo y creación de nuevos, y en su opinión el mayor desafío recae en el sistema educativo.
“Hace poco salió un informe del chat GPT hablando de todos los puestos de trabajo que iba a eliminar. Creo que esta es una agenda que va más por el lado de la educación, una agenda que tiene que ver con poder incorporar estas tecnologías a todos los puestos de trabajo que se van a crear en el futuro. Es preocupante que muchas carreras de grado en nuestras universidades no tienen preparación tecnológica de ningún tipo. Hasta un médico hoy tiene un diagnóstico hecho por inteligencia artificial en base a los estudios que les manda a hacer a sus pacientes. Lo que tendríamos que enseñarle a ese médico es a evaluar el diagnóstico que le dio la inteligencia artificial y saber cuánto tiene de verdad y cuánto no, cómo aprovecharlo y cómo gestionarlo. Lo que hace la máquina es un proceso automatizado, quien pone el ojo clínico y crítico es la persona que estudió, que vio cientos de miles de casos. Me parece que no hay que descartar el trabajo humano de buenas a primeras, sino enseñarle al médico cómo aprovechar esa tecnología digital”, ilustra.
Esto, insiste, debería trasladarse a todas las actividades laborales, desde la que hace un psicólogo, pasando por la de la cajera de un supermercado hasta la del recepcionista de un hotel.
“No importa las tareas que hagamos, lo que tenemos que aprender es a usar estas tecnologías disruptivas para potenciar nuestro trabajo. Si nosotros enseñamos cómo agregar valor a esas tecnologías va a ser mucho más difícil que nos reemplacen”, considera.
Para graficar su punto, la investigadora se detiene nuevamente en el chat GPT. “Si se le pide que haga un jingle para una publicidad, lo hace. Pero el chat no entiende cuáles son las demandas culturales de ese momento, qué es lo que el mercado está pidiendo, qué situación política y económica se está viviendo en el país, cuáles son los chistes de viveza criolla que se pueden implementar. Entonces le tengo que hacer la pregunta de forma inteligente al chat para que me ayude a hacer ese jingle abarcando un montón de otras cuestiones que hagan la diferencia, porque si no me va a tirar algo estándar. Es así como podemos agregar valor a las tecnologías”, describe.
La especialista sugiere que las tecnologías digitales deben incorporarse a los programas educativos de todos los niveles, y que se deben enseñar tanto desde el punto de vista de la empleabilidad como desde una perspectiva alfabetizadora que tome en cuenta su incidencia en el ejercicio de la ciudadanía. “Deberíamos entender qué tecnologías se usan en una carrera, cuáles son las que más nos convienen y qué desarrollos tecnológicos deberíamos estar exigiendo para completar nuestra labor. Pero también deberíamos tener herramientas para reconocer las fake news. Estamos jugando esa batalla. Creo que la regulación y la educación van en ese camino de tratar de hacer que las tecnologías estén al servicio de nuestras sociedades y no al revés”, reflexiona.
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